A pocos días de haber regresado del
Encuentro Nacional de Mujeres en Misiones, nos desayunamos con la noticia de
que a una mujer de 32 años, víctima de la trata de personas y embarazada por las
violaciones, se le negó la posibilidad de acceder al aborto “no punible”.
A pesar de que dicha figura legal está
contemplada por el código penal desde 1921, organizaciones vinculadas a la Iglesia
Católica autodenominadas “Pro- vida”, presentaron un recurso de apelación para
impedirlo.
Ante tremenda injusticia no se hizo esperar
la respuesta de centenares de mujeres. Durante tres días, diferentes
organizaciones políticas, agrupaciones feministas y personalidades nos
movilizamos al hospital Ramos Mejía y a la Jefatura de Gobierno, exigiéndoles tanto
a Macri como a Cristina que garanticen este derecho.
Finalmente, gracias a la presión de la
movilización unitaria, la Corte Suprema de Justicia ordenó la realización del
aborto. Este hecho y su repercusión volvieron a instalar con fuerza la
discusión sobre la legalización, ya que mientras se mantenga la penalización seguirán
muriendo las mujeres pobres.
De no cambiarse la normativa, los
fundamentalistas religiosos continuarán amparándose en la ley que castiga con
prisión a las mujeres que abortan, para lograr que ni siquiera puedan
realizarse los permitidos en casos de violación o de riesgo de vida para la
mujer.
El reclamo por el derecho a decidir sobre
nuestros cuerpos tiene el apoyo de la mayoría de la población, como lo
demuestran todas las encuestas. Por eso el mismo día que en Uruguay se sancionó
una ley -limitada- para despenalizar el aborto, el Senador Picheto, jefe del
bloque Kirchnerista, anunció la presentación de un proyecto de ley para evitar la
judicialización de los abortos no punibles.
Esta es una maniobra demagógica más a la
que nos tienen acostumbradas los “progresistas” para que no se trate la
cuestión de fondo, que es la sanción de la ley que legalice el aborto.
Mientras la Iglesia siga teniendo
ingerencia en cuestiones de Estado, cobrando subsidios para sus escuelas,
universidades y sanatorios, apoyando a los ricos y protegiendo a sus curas
abusadores.
Mientras la presidenta -que se define como
peronista, católica y por lo tanto contraria a la despenalización- continúe la
Casa Rosada, no habrá manera de imponer este derecho sin torcerle el brazo a su
alianza reaccionaria con el Vaticano.
A estos hipócritas, que hablan de defender
la vida, no les interesa que en el país -donde se realizan 500 mil abortos por
año- mueran más de 700 mujeres por año. Sólo con la movilización y la lucha,
sin confiar en los consensos y gestiones de los parlamentarios con esta gente,
podremos imponer este reclamo.
El 1 y 25 de noviembre debemos ganar las
calles: Las trabajadoras y mujeres de los sectores más humildes, junto a la
izquierda tenemos la oportunidad de transformar estos días en jornadas de lucha
nacionales, ganando el apoyo de las organizaciones obreras en pos de avanzar hacia
a la conquista del aborto legal seguro y gratuito, para terminar con las
muertes por abortos clandestinos.
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