Todo el país gritó en las calles su indignación por la
absolución de 13 delincuentes involucrados en el secuestro de Marita Verón. Si bien
es cierto que estos no son los peces gordos del negocio, constituyen la punta
del ovillo de un enorme entramado criminal, que cuenta como promotores y
beneficiarios a encumbrados miembros del poder ejecutivo, legislativo y
judicial nacional y provincial.
Esto es así porque cientos de funcionarios gubernamentales,
senadores, diputados, jueces y policías se reparten los dividendos derivados de
la explotación de las jóvenes vidas robadas, o porque son simples consumidores
de un mercado en el que las mujeres y niñas son la carne que se vende como el ganado.
Los imputados por la captación, venta y explotación sexual
de Marita fueron juzgados y absueltos por crímenes contemplados en el viejo
código penal, que se hubieran sancionado con hasta 25 años de cárcel -la misma
pena que pidió la fiscalía- ya que el secuestro y desaparición de Marita
ocurrió hace diez años, con anterioridad a la promulgación de la ley promovida
el oficialismo.
La multitudinaria reacción popular que provocó semejante fallo,
sorprendió al kirchnerismo y a la oposición con representación parlamentaria,
obligándolos a reacomodarse, respondiendo de apuro y demagógicamente. Por eso, Cristina
-que es la ideóloga de la ley 26364 contra la trata, sancionada en 2008-
ordenó que el congreso la modifique mediante una sesión extraordinaria.
Es que si se hubiera aplicado la ley Kirchnerista, la
condena habría significado 3 años y medio de prisión. Por lo tanto los criminales
hubieran continuado en libertad, ya que la justicia contempla la excarcelación
por delitos sancionados con penas menores de 4 años.
Para colmo, con la ley K, Marita, que al momento del
secuestro era mayor de edad, tendría que haber demostrado que no prestó
consentimiento para prostituirse. ¡Una aberración jurídica impuesta
con un único propósito, el de proteger a los beneficiarios del tercer negocio
más rentable del mundo, después de la venta de armas y el narcotráfico
Lamentablemente la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, apoyó
la promulgación de esta ley, ayudando a pintar de progresista una norma que
consagra la esclavitud sexual. Por eso no es casual que ahora esté apuntalando
al gobierno, defendiendo la convocatoria de las sesiones extraordinarias.
Nada cambiará con las leyes de Cristina
De nada servirá que en lugar de tres años y medio, las penas
se extiendan a 4 años y dos meses para evitar la excarcelación, que se elimine
la obligación de demostrar falta de consentimiento en el caso de víctimas
mayores o que se plantee la posibilidad de 15 años de cárcel cuando las
víctimas sean menores.
Todo esto, que ya fue aprobado por unanimidad en la
modificación de la ley que hizo el Senado de la Nación, seguramente será votado
a instancias de Cristina en la Cámara de Diputados en las próximas sesiones
extraordinarias.
Pero con esos cambios propuestos los absueltos en Tucumán,
en el mejor de los casos cumplirían un tercio de la condena y saldrían
rápidamente en libertad. También podrían ser beneficiados con otros mecanismos jurídicos,
como las apelaciones que salvaron al Cura Grasi, que a pesar de haber sido condenado
a 15 años de cárcel por violación de menores, todavía está libre.
¡Nada bueno va a venir desde arriba!
La propuesta de cambio de la normativa no apunta a perseguir
y sancionar a los verdaderos capos de esta mafia, quienes se han transformado
en prósperos empresarios mediante la protección del gobierno, los jueces, los
parlamentarios y la policía.
No se puede esperar otra cosa de un régimen descompuesto,
cuyas instituciones están asociadas a las mafias de las redes de trata,
el narcotráfico o la venta de armas: Desde el puntero barrial, cómplice del jefe
de calle policial hasta los jueces, pasando por los intendentes, comisarios,
gobernadores, senadores, diputados, hasta llegar a las altas esferas del poder
ejecutivo nacional.
¡En realidad, para ir a fondo, todos tendría que demostrar
su inocencia, lo que en derecho se denomina inversión de la carga de la prueba!
Este mecanismo, que es el que se le impuso a los principales criminales de
guerra nazi, debería aplicarse desde la Corte Suprema Corte de Justicia hacia abajo,
ya que uno de sus integrantes -el juez progresista Zafaroni- fue acusado de
alquilar departamentos para el funcionamiento de prostíbulos.
Encarando las cosas de esta manera, Cristina tendría que
demostrar que no tiene que ver con este negocio infame. ¡Es que ella, además de
haber promovido semejante ley que beneficia a los proxenetas, amparó junto a su
marido, la instalación de prostíbulos en la provincia que gobernaron durante
muchos años!
En la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, funciona el mayor
centro prostibulario del país, conocido internacionalmente como “Las Casitas. Hace
apenas dos meses la Justicia provincial autorizó la reapertura de estas “casas
de citas”, tras dos años de clausura, ocurrida después de que una jueza
ordenara un allanamiento, con el propósito de rescatar a varias jóvenes
chaqueñas mantenidas en cautiverio.
La misma Susana Trimarco viajó varias veces a Río Gallegos para
buscar a su hija, asegurando que Marita había estado en Las Casitas, retenida
por sus captores. ¡Sin embargo y a pesar del cúmulo de pruebas existentes, hoy
por hoy no hay ni un solo detenido en la provincia más K de la Argentina!
A pesar de todo, la lucha contra las redes se intensifica
Más allá de las intenciones y las políticas de los
funcionarios y de la resolución de los jueces con respecto al caso Marita, el juicio
realizado contra sus secuestradores y explotadores, desnudó la existencia de la
enorme red de protección que se teje para tapar el crimen organizado desde las
altas esferas del poder.
Por más esfuerzo que haga Susana Trimarco para deslindar la
responsabilidad del gobernador Alperovich, de su esposa “Bety” y de Cristina,
acusando solamente a los ex gobernadores de La Rioja y Tucumán, la realidad,
que tiene un peso enorme, habla por sí sola.
Por ejemplo, quedó claro que uno de los principales
protegidos de Alperovich, Rubén “la Chancha” Alé, es el jefe de las redes de
trata que operan en el norte del país, apoyándose en cientos de punteros del PJ
de la región.
Este personaje siniestro, que mutó de barrabrava y remisero
a empresario del transporte y presidente del club San Martín durante el
gobierno menemista de Miranda, con Alperovich en el poder se hizo cargo de la distribución
de los planes sociales y la organización de los actos y elecciones. ¡La
“Chancha” Alé nunca fue indagado por la justicia!
La trata debe ser declarado delito de lesa humanidad
Desde CS sostenemos que no habrá justicia para Marita ni para
ninguna de las más de 700 mujeres y niñas desaparecidas en democracia con las
mismas instituciones que amparan y garantizan el accionar de las redes de
trata, lucran y se benefician con el secuestro, tortura, desaparición y muerte
de seres humanas.
La única manera de avanzar en el sentido opuesto es mediante
la movilización consecuente, como la que impuso que muchos de los jefes de la
dictadura todavía continúen siendo juzgados y castigados. O como la que
permitió que distintos violadores, como Anzaldo en Río Negro, hayan sido
condenados.
En ese sentido, la movilización, organizada de manera
independiente del gobierno y las instituciones del estado, tiene que proponerse
que la trata de personas sea considerada un delito de lesa humanidad. Sólo así
se podrán desmantelar las redes criminales e imponer justicia para Marita y las
cientos de maritas.
Por Marita Verón y todas las desaparecidas en democracia
Basta de engaños, la modificación de la ley no cambia nada
La trata de personas debe ser considerada delito de
lesa humanidad
¡Con vida las llevaron, con vida las queremos!
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