Al cura Grassi la cárcel ya, para Romina la libertad

El próximo 10 de junio se conocerá la sentencia del Tribunal Oral de Morón en el proceso que este juzgado le sigue al cura Julio Grassi, acusándolo de 17 hechos de abuso sexual y corrupción de menores contra adolescentes de la Fundación Felices los Niños.

Lo que sucede en nuestro país no es diferente a lo que pasa en el resto del mundo, como en Irlanda, donde la justicia patronal demoró años el esclarecimiento de miles de casos de abusos contra niños y niñas cometidos por sacerdotes y monjas en hogares y escuelas durante décadas.

Por eso no es casual que, cuando los abogados querellantes y la fiscalía reclamaron entre 20 y 37 años de prisión efectiva para Grass (y su detención para evitar la fuga antes de la sentencia), los jueces le hayan concedido la libertad, a pesar de las abrumadoras pruebas que se acumularon en su contra.

Fue así que el cura gozó de absoluta impunidad durante estos 9 meses de audiencia, realizando conferencias de prensa y participando casi a diario en programas de televisión, en los cuales culpabilizó a sus víctimas y hasta pudo organizar acciones de “resistencia” a una orden judicial que dispuso el traslado de todos los niños que su fundación tenía internados en el Hogar San José Obrero.

La medida dispuesta el 24 de abril por la jueza Rustán de Estrada ante el intento de suicidio de un chico de ocho años y la denuncia por abusos y violaciones de otros menores, puso en evidencia la complicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Grassi, ya que Macri intentó devolverle a la fundación “Felices los Niños” el control de la obra.

Mientras todo esto sucede, tanto Macri como Scioli continúan enviando niños y niñas a la fundación de Grassi, pagando $3.000.- por cada menor internado.

En ese contexto la Iglesia nunca repudió a Grassi ni le retiró su condición pastoral. Por el contrario, el obispo de Morón lo autorizó a dar misa en William Morris, una populosa barriada en la que viven varias de sus víctimas y testigos. El cardenal Bergoglio, su confesor, reconoció ser “una de las personas a las que Grassi consulta y pide consejos…”

En nuestro país el pasado tenebroso de la “santa” Iglesia Católica y su íntima relación con los ricos y poderosos, es harto conocida, ya sea en la década del 50 cuando complotó contra Perón, encabezando el golpe gorila como cuando colaboró con los genocidas del proceso a partir de 1976.

Grassi no representa un caso aislado sino el producto más genuino de esta institución, que como parte integral del estado argentino, predica la aceptación del sufrimiento, las privaciones y las injusticias sólo para los pobres, mientras defiende los privilegios y los abusos de los millonarios.

No es ninguna casualidad que aparezcan miles de Grassis entre quienes defienden posturas prehistóricas y absurdas contrarias a los avances científicos más elementales, como la educación sexual, los preservativos y el aborto.

La Iglesia, que lucra con la crisis de la educacón y la miseria del pueblo, guarda silencio frente a los crímenes de sus pastores, mientras defiende la penalización del aborto, que le cuesta la vida a más de 700 mujeres pobres por años. Por eso esta misma Iglesia se ensaña con Romina Tejerina, presa desde hace seis años, y defiende a su violador, Pocho Vargas, que goza de libertad plena.

Por esto el mismo día de la sentencia tendríamos que movilizarnos, redoblando nuestro compromiso por el Indulto para Romina, exigiendo cárcel perpetua y efectiva para Grassi y para todos los violadores como Pocho Vargas. También debemos exigir que el estado deje de subsidiar a los curas, sus escuelas, sanatorios, “fundaciones” y universidades.

Miles de Grassis en todo el mundo amparados por la Iglesia

En Estados Unidos, las investigaciones, supervisados por el grupo laico “Junta Nacional de Revisión” señalaron que entre 1950 y el año 2002, un total de 4.392 sacerdotes cometieron abusos sexuales contra más de 10.500 menores y revelaron que el Vaticano debió desembolsar más de 5700 millones de dólares en concepto de indemnización para las víctimas.

Recientemente en Irlanda, el país más católico de Europa, funcionarios de la misma Iglesia informaron que en los últimos 60 años, 250 instituciones católicas funcionaban como sádicos campos de concentración donde 35 mil niño/as y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales y de todo orden.

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