A Patricia la mataron. Fue asesinada por los diputados y senadores que votaron en contra de la ley del aborto legal, seguro y gratuito; por los fiscales, jueces y juezas, médicos y médicas y todos los miembros del servicio penitenciario, que sostienen este sistema machista. A Patricia la asesinó el Estado hipócrita y criminal, que administra las leyes según su conveniencia de clase, de la clase capitalista para la que trabaja. Porque mientras las ricas limpian su "vergüenza" en una clínica privada y después salen junto a su familia a gritar "salvemos las dos vidas", las pobres morimos en la clandestinidad o nos pudrimos en la cárcel.
Patricia Solorza tenía 40 años, murió esposada a una camilla de terapia intensiva. Los últimos seis años de su vida los pasó detenida por la criminalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ya que cumplía una condena por “homicidio agravado por el vínculo”, por haber sufrido un aborto espontáneo.
Se había enterado de su cuarto embarazo el día que lo perdió en su casa de Ezpeleta. Un aborto espontáneo puso fin a cinco meses de gestación. Ella se asustó tanto que guardó el feto en una bolsa y lo tiró a la basura. Un vecino la vio y avisó a la policía. Dos meses después la detuvieron: esa fue la primera vez que pisó una cárcel.
Cuando cayó presa su hijo más grande, Alejandro, tenía 14 años. De chico había sufrido una meningitis y quedó con un retraso madurativo e hipoacusia. Su hija más chica, Victoria, ya había cumplido los cuatro, la edad límite para poder convivir en el penal con la mamá.
Le negaron el pedido de prisión domiciliaria para poder cuidar a su hijo discapacitado y la acusaron de homicidio agravado por el vínculo, un delito con una expectativa de pena a cadena perpetua. La mujer no pudo elegir: ante la amenaza de pasar el resto de su vida en un penal aceptó una condena de ocho años de cárcel en un juicio abreviado. La perspectiva de género estuvo ausente durante todo el proceso judicial.
Durante toda su vida, Patricia soportó la violencia del sistema patriarcal. Era la más grande de cuatro hermanas y dos hermanos y de chica tuvo que aguantar los golpes y el abuso de su padre. Ya de grande se hizo cargo sola de la crianza de sus tres hijos y para esto se la rebuscaba como podía, trabajando en un estudio jurídico, vendiendo ropa en ferias ambulantes... la luchaba día a día para tratar de sobrevivir.
“Ella nos dijo que no sabía que estaba embarazada, que le seguía viniendo, ya le había pasado eso con sus otros embarazos, nunca se daba cuenta -relata su hermana, Luján Solorza-. Yo creo que también es porque mi papá casi la mata con un cuchillo cuando quedó del primero, mi papá la maltrató mucho a ella, por eso a lo mejor negaba, no sé, nosotros sentíamos que se había vuelto loca”. Luján lo dice porque en el primer tiempo Patricia no quería hablar, se mostraba perdida, insistía en que no tenía ninguna conciencia de lo que había pasado.
En la cárcel, Patricia intentó todo lo que pudo para que el encierro no le robara su vida: integraba el equipo de Rugby “Las Espartanas” y el taller de diseño textil de la agrupación Yo No Fui. “Este tipo de actividades son una forma de salir del encierro, de tener un trato con compañeras y docentes diferente al que te da el Servicio Penitenciario”, contó Liliana Cabrera, ex detenida e integrante de Yo No Fui.
“Además de la capacitación, en estos talleres también trabajamos desde los vínculos”, dijo. Patricia era una de las más activas del taller de diseño textil. Se había enganchado tanto que les había contado a las chicas que quería formar parte de la agrupación cuando recuperara su libertad.
Desde hacía dos años, además, cursaba la carrera de Trabajo Social del Centro Universitario San Martín (CUSAM), un espacio educativo creado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en el interior del penal. Este año, además, cursó la Diplomatura en Artes y Gestión Cultural. “Quiero poder salir de acá y decirle a la sociedad que estoy preparada”, decía Patricia en un video que grabó en la CUSAM dos meses atrás durante el acto de graduación de la diplomatura. “Toda mi familia espera ansiosa que llegue ese día”.
Soñaba con recibirse de trabajadora social, pero sobre todo esperaba ansiosa el momento de volver a su casa para estar con sus hijos. Tenía la esperanza de que la justicia -que siempre le dio la espalda- le permitiera en los próximos meses tener sus primeras salidas transitorias.
Quince días atrás y a raíz de fuertes dolores abdominales la trasladaron al hospital de José León Suárez, donde quedó internada en terapia intensiva. Había pasado dos meses en la Unidad Penal 47 de San Martín sin atención médica a pesar de los reiterados pedidos. Dos meses tardaron en registrar su pedido y hacer una cita en un hospital con unidad penal en La Plata a la que nunca llegó.
En ese tiempo había perdido tanto peso que su familia no la reconocía. Los médicos no pudieron operarla de urgencia por la inflamación de la vesícula. Pasó sus últimos días totalmente inconsciente y esposada en la cama. Una situación ridícula, porque no hubiese tenido oportunidad de escapar al no dejar de vomitar, tener un drenaje en el cuello, suero y la herida de la operación. Las complicaciones de una infección intrahospitalaria pusieron fin a su lucha.
Todos sabemos que la justicia civil es para los ricos y la justicia penal para mantener controlados a los pobres. Patricia fue víctima por la ausencia del Estado, fue criminalizada por abortar y privada de su libertad. Cuando pidió asistencia médica no fue escuchada. Casos como el de Patricia muestran como la criminalización del aborto afecta a las mujeres a punto tal de quitarles la vida.
La velaron un día antes del aniversario de la votación en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que buscaba garantizar los derechos de las personas gestantes. Ley por la que seguiremos luchando sin bajar los brazos. Para que todas las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.
¡La ley tiene que salir para que no haya más muertas ni presas por abortos! Y ante esto el movimiento de mujeres tiene que ser inclaudicable, ¡esa es la batalla que tenemos que ganar! El tratamiento del proyecto de legalización del aborto tiene que ser considerado un problema de salud pública que no puede ni debe ser separado de la protección integral de los derechos humanos.
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